Detenido un joven en Águilas por incitar al odio en las redes sociales

Uno de los comentarios recogidos en el perfil del arrestado. / G. CIVIL

• El arrestado, de 26 años, escribía comentarios en internet con una marcada xenofobia y violencia contra las mujeres

• LA VERDAD | MURCIA

28 marzo 201509:49

Internet BASTION de la xenofobia

Internet, un bastión de la xenofobia

Racismo virtual: el odio que golpea la realidad

El Movimiento contra la Intolerancia conmemora el Día contra el Racismo y la Xenofobia con un llamamiento al peligroso auge del discurso ultra en internet y su traslación al mundo real

24.03.2015 | 04:15

Anonimato, gran difusión y difícil rastreo. El ecosistema de internet da pie a que proliferen las amenazas, calumnias y ataques en la red. En la Comunitat Valenciana, donde proliferaron en 2014 las atenciones a víctimas de delitos de odio y discriminación, se advierte sobre la peligrosidad del «ciberodio».

PACO CERDÀ | VALENCIA Gitanos, musulmanes, inmigrantes y otros colectivos vulnerables conmemoran hoy en Valencia el Día Internacional contra el Racismo tras un año, el 2014, en el que las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito de la Comunitat Valenciana Valenciana prestaron ayuda a 62 casos de víctimas de delitos de odio y discriminación. La cifra es un 44 % superior respecto a los 43 casos atendidos en 2013, según los datos de la institución. Pero lo que más sorprende es la preocupación por el crecimiento del odio en internet y la profesionalización de sus difusores, especialmente de grupos racistas y neonazis. «Es el máximo foco actual de origen del discurso xenófobo», advierte Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Sabe de lo que habla: por su incesante lucha contra los delitos de odio ha tenido que soportar durante años un juego que circulaba por internet bajo el título «Mata a Esteban Ibarra», creado por ultras.

Ibarra sostiene que el discurso del odio en el mundo virtual se traduce en violencia en el mundo real. «Las redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram están ahora con una actividad muy por encima de las páginas web y los blogs como emisores del discurso del odio y su propaganda», señala. Esta incitación on line desemboca, en muchas ocasiones, en violencia en el mundo real. Pone el ejemplo —uno de los tantos que han registrado el pasado año— de casos de ciberbullying o acoso escolar por internet a alumnos por el simple hecho de ser inmigrantes. «Se los machaca en las redes y eso amplifica el hostigamiento físico y real que luego sufren», subraya.

Por internet han constatado la consolidación de un clima de odio que legitima la violencia contra judíos, homosexuales, musulmanes, gitanos o afrodescendentes. En suma, de todo aquel que no encaje en el supremacismo blanco y nacional.

Igualmente, Ángel Galán, portavoz autonómico del Movimiento contra la Intolerancia y coordinador de las oficinas de atención a víctimas, asegura que la Oficina Valenciana de Solidaridad de Movimiento contra la Intolerancia ha recibido varias denuncias de direcciones web, blogs, vídeos en Youtube o enlaces con contenidos xenófobos, racistas, homófobos, islamófobos, ultra, neonazi y de otro cariz, así como la denuncia de comentarios islamófobos en Facebook a la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia.

La impunidad bajo el anonimato es la clave. La rápida difusión —con comentarios dejados en webs muy concurridas que no aplican un efectivo control de la participación— es otra de las razones que permiten entender este auge del ciberodio que preocupa a los expertos. Este mismo sábado, tres instituciones europeas que velan por los derechos humanos emitieron un comunicado conjunto con un llamamiento a controlar, vigilar y evitar la presencia del discurso del odio en internet.

Acciones de un año «prolífico»
El 2014, destaca la Oficina Valenciana de Solidaridad, ha sido por desgracia «muy prolífico» en acciones protagonizadas por grupos ultras, neonazis y radicales. Entre ellas, citan el reparto xenófobo de alimentos llevado a cabo en Orriols (Valencia) por la ONG María Dolores Navarro, relacionada con el partido España 2000; la celebración de un torneo de equipos de fútbol integrados por personas de ideología neonazi en Paiporta; la organización de un combate de boxeo abierto patrocinado por grupos de ultraderecha o relacionados con ellos en l'Alcúdia de Crespins; un acto público misógino y xenófobo por parte del partido de ultraderecha Democracia Nacional en Castelló; el reparto de un panfleto xenófobo en farmacias valencianas; o pintadas de odio y racistas en la Pobla de Farnals, Torrent o Silla, entre otras

Interior dicta nuevas instrucciones para perseguir los delitos de odio

El Ministerio del Interior está decidido a identificar y perseguir cualquier tipo de delito de odio, que son aquellos consistentes en ataques, amenazas o insultos contra cualquier persona simplemente por el hecho de tener una determinada creencia, identidad sexual, origen étnico y estatus social. El ministerio ha elaborado un nuevo protocolo de actuación policial, que entre otras cosas señala los indicios que los agentes deben hacer constar en sus atestados, cómo tendrán que contactar “directamente” con el fiscal especial para estos asuntos y cómo habrán de dar protección integral a las víctimas.

El año 2013, las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de 1.172 delitos de odio. La mayoría de ellos (452) tuvieron que ver con la orientación sexual de la víctima. El segundo lugar lo ocuparon los incidentes de racismo y la xenofobia, cuyas agresiones ascendieron a 381 casos. La discapacidad acapara el tercer puesto con 290 delitos. Muy por detrás quedan los incidentes derivados de creencias religiosas, aporofobia (odio al pobre) y el antisemitismo.

El protocolo hace hincapié en las agresiones con nuevas tecnologías

El protocolo elaborado por Interior establece el conjunto de indicios que deben recopilar e incorporar al atestado policial, con el fin de dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios racionales de criminalidad que permitan formular cargos de imputación y, en su caso, condenas. La concurrencia de uno o varios de esos factores será suficiente para orientar la investigación con el fin de desvelar la existencia de una motivación racista, xenófoba o de otra naturaleza en el delito cometido.

Cuando la policía tenga conocimiento de cualquier hecho que pudiera estar relacionado con los delitos de odio, “informará directamente” al fiscal especial para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de su provincia y le facilitará toda la información relacionada con hechos de este tipo, según señalan fuentes de Interior.

Los investigadores deberán tener en cuenta los perjuicios causados a la víctima, el riesgo de reiteración del delito, así como la situación personal (edad, sexo, posible discapacidad) a fin de determinar sus necesidades especiales de protección. Al mismo tiempo, la orden establece que se respetarán plenamente su integridad física, psíquica y moral, seguridad, libertad e indemnidad sexual, intimidad y dignidad y la de sus familiares. En el caso de tratarse de víctimas con discapacidad, especialmente vulnerables, o menores de edad, las autoridades adoptarán, además, las medidas que resulten necesarias para evitarles mayores perjuicios.

El protocolo hace hincapié en los ataques e insultos que puedan producirse mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, consistentes generalmente en la difusión de mensajes antisemitas, xenófobos, homófonos, racistas e intolerantes.

Se investigarán insultos
que se produzcan en
eventos deportivos

La violencia en el deporte ocupa otro apartado de las instrucciones que recibirán los policías y guardias civiles. Antes de la celebración de espectáculos deportivos, estos tendrán que hacer un análisis de los mensajes que se difundan por cualquier medio incitando a la violencia, el odio y la discriminación. También habrán de investigar los insultos y difamaciones públicas que se produzcan en estos acontecimientos contra personas por su etnia, lengua, religión, nacionalidad u origen nacional.

La nueva normativa contempla la creación de la figura del “interlocutor social”, que será un agente cuya misión será “mantener estrechos contactos con los representantes de la sociedad civil”, además de servir de cauce de comunicación de las inquietudes que las diferentes ONG le puedan presentar.

Por otra parte, Interior se compromete a fomentar reuniones periódicas con las diferentes asociaciones representativas de los colectivos que puedan ser víctimas de delitos de odio (gais y lesbianas, inmigrantes, discapacitados, marginados, etcétera).

El Ministerio del Interior pretende establecer dentro del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) unos parámetros que recojan mejor los datos sobre víctimas, delitos y autores de los mismos. Quiere que los agentes presten “especial cuidado en su cumplimentación”, haciendo constar con claridad si se trata de un ataque de tipo racista o xenófobo, si está relacionado con la orientación sexual, las creencias religiosas o la discapacidad o el estado de marginación de la víctima.

El Ciclo de odio empieza en las gradas de los estadios

Hay un ciclo del odio y la violencia por razones de etnia, género, nacionalidad o religión que no puede analizarse de manera fragmentada. 

Comienza en los fondos ultra de los estadios de fútbol, continúa con la propaganda y el adoctrinamiento en Internet, sigue en conciertos y actividades lúdicas, y concluye en “cacerías” del “otro” visto como enemigo. 

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, insiste en observar de manera global el fenómeno y apostar por el “diálogo intercultural”, a partir de su experiencia como uno de los promotores de la Plataforma contra la Islamofobia, la Red Cívica contra el Antisemitismo y textos como “Los crímenes del odio” (sobre la violencia nazi en el estado español) o “La España racista”. Sus artículos y comentarios pueden encontrarse en el blog www.estebanibarra.com.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia destaca la importancia del juicio que comienza el 14 de julio en Valencia contra la organización nazi Frente Antisistema (FAS), al tiempo que manifiesta su preocupación por una actividad cada vez más frecuente entre la extrema derecha: el reparto de comida “sólo para españoles” en los barrios populares azotados por la crisis y con fuerte presencia de inmigrantes.

-El Movimiento contra la Intolerancia forma parte de la acusación popular en el juicio contra el grupo Nazi Frente Antisistema (FAS), que se celebra el lunes 14 de julio en la Audiencia de Valencia. ¿Qué importancia tiene esta causa? Además, habéis manifestado algunas dudas en el proceso…

El juicio es muy relevante porque estamos ante una organización nazi potente, que según la investigación de la guardia civil alcanza a 70 afiliados. Ha quedado demostrada su potencia ideológica, doctrinaria, de acción y armamento. En cuanto al juicio en sí, nos gustaría que quedaran claros algunos aspectos como el origen del armamento, por qué uno de los distribuidores de las armas, detenido inicialmente, no está acusado. 

Hay otros acusados, asimismo, cuyo caso se archivó pero que en el informe de la guardia civil se reconoce que eran miembros del (FAS) y, por ello, podían tener algún tipo de responsabilidad. Es un ámbito que queda nublado y tal vez el juicio nos aporte claridad. Con esto, sólo queremos decir que el juicio, además de aplicar justicia a quienes tienen responsabilidad, nos ha de ayudar a ofrecer más luz en la investigación.
-Algunas fuentes cuantifican en 1.500 el número de páginas de Internet que incitan al odio y al racismo. 

¿Cómo puede combatirse esta realidad? ¿Hay herramientas suficientes?

Actualmente estamos viviendo una situación de impunidad en el ámbito de Internet. Hay pocas herramientas. La primera que se necesitaría es una reforma del Código Penal para castigar la incitación al odio, la discriminación y la violencia por motivos de racismo e intolerancia. Actualmente el Código Penal habla de “provocación” no de “incitación”, y lo que hacen las páginas web es fundamentalmente incitar. Por tanto, salvo que tengan una relación muy directa con el ejercicio de la violencia, evitan que haya una acusación formalizada por parte de la fiscalía de delitos de odio. Hay otro problema añadido. Las investigaciones no llegan a buen puerto porque muchos servidores se hallan en Estados Unidos y, con la primera enmienda constitucional, facilitan la libertad de expresión sin límites. Así, cuando un juez se dirige al departamento de Justicia estadounidense muchas veces no obtiene una respuesta favorable.

-Has escrito recientemente un artículo titulado “desprogramar a un nazi”, en relación con la agresión a un joven de origen asiático en el metro de Barcelona. ¿Crees factible esta “desprogramación”?
La esperanza no la pierdo nunca. Creo en el ser humano y en las personas, y en que nadie nace siendo nazi, violento ni machista. Por eso pienso que la clave radica en la educación en valores. Aunque también es cierto que estos grupos tienen un elevado componente de fanatismo, sectarismo y eliminación de la personalidad autónoma. Por tanto, “desprogamar” a un nazi implica recuperar a estas personas. Mi tesis es que cuanto las personas son más jóvenes, existen mayores posibilidades. En gente de más edad y más “fanatizada”, creo que la herramienta adecuada es la disuasión en el ámbito de los límites legales.
-En el Movimiento contra la Intolerancia se defiende el “diálogo intercultural”. 

En algunos ámbitos de la izquierda se podría descalificar este planteamiento como “postmoderno” y encubridor de una realidad más profunda, las desigualdades económicas. ¿Qué opinas?
No somos uniformes. La diversidad cultural es algo evidente en el estado español y en Europa, y más aún con los actuales flujos migratorios. Las personas inmigrantes vienen con su religión, lengua, costumbres y cultura. El “diálogo intercultural” es una apuesta democrática, horizontal y que pivota sobre una idea: el reconocimiento de la diferencia y también de la igualdad en materia de dignidad y derechos humanos. No existe, así pues, una contradicción respecto a la lucha contra la pobreza. Opino que esa jerarquía de “luchas” está abocada al fracaso. Todo va unido y, generalmente, aquéllos a quienes se les niega la “diversidad” cultural suelen ser los más pobres.

-Por otro lado, ¿considera que los fondos de los estadios de fútbol continúan siendo un foco de incitación al odio y al racismo, o han quedado desplazados por otros espacios?
Es el foco más importante. Los fondos de los ultras en los campos de fútbol continúan siendo los viveros del odio. Por ejemplo, los Ultra Yomus, en Valencia, que aparecen mencionados en el sumario de la “Operación Panzer”. Ultras Sur o el Frente Atlético en Madrid; las Brigadas Blanquiazules o los Boixos Nois en Cataluña. Es tal la gravedad del asunto, que actualmente no hay equipo de primera división, segunda o segunda b que no cuente con un grupo ultra. Allí es donde se recluta a la gente y, en consecuencia, donde se concreta el potencial de captación de las organizaciones que promueven el odio. Pero después se adoctrina en Internet, se fanatiza en los conciertos racistas y se termina organizando y promoviendo “cacerías”. Éste es el ciclo. Quien lo observe de una manera fragmentada, no está entendiendo el problema.
-Las elecciones europeas y el ascenso de la extrema derecha. ¿Coincides en la distinción que habitualmente hacen los politólogos y los medios entre fascismos y populismos de derecha?

Creo que hemos de distinguir entre organizaciones que en un momento dado pueden plantearse la gestión de las instituciones, y otras cuyo mensaje principal es la destrucción del sistema democrático. La “punta de lanza” de estas últimas son los grupos neonazis. Esto es muy visible en Grecia con “Amanecer Dorado”, y en los casos del Jobbik húngaro o el NPD alemán. De hecho, hay un esfuerzo por diferenciarse de los anteriores por parte del Frente Nacional francés, el UKIP británico y organizaciones de países nórdicos. Ahora bien, existen los vasos comunicantes entre ellos. También depende de la coyuntura. En términos generales, en Europa se está enarbolando la bandera de la xenofobia con dos ejes: el rechazo a la presencia musulmana (por ejemplo, en Francia, Gran Bretaña y Holanda); y el rebrote del antisemitismo, como puede apreciarse en Hungría (donde se plantean “listas”, a pesar de que durante la segunda guerra mundial se masacró a 600.000 judíos húngaros) o en las declaraciones antisemitas de Jean-Marie Le Pen. A ello habría que agregar la homofobia, pues suelen ver en los homosexuales un peligro para su idea excluyente de familia.
-En Ucrania la extrema derecha se encuentra en la calle y en las instituciones. ¿Qué opinas del papel de la Unión Europea?
La gente no ha de equivocarse. En Maidan había una extrema derecha potentísima. Las organizaciones ucranianas “Svoboda” y “Sector Derecho” son conocidas porque han tenido contactos y reuniones con organizaciones ultraderechistas de nuestro país, por ejemplo, Democracia Nacional. Además, Acción Nacional Revolucionaria (ANR), de carácter neonazi, ha apoyado al “Sector Derecho”, que es hoy un punto de referencia para todo el nazismo europeo. Por lo demás el papel de la Unión Europea es muy cuestionable.

-Otro punto de inquietud son los prejuicios que se extienden en la Europa Central (Hungría, República Checa o Eslovaquia) respecto a los gitanos.
Vuelven a reproducirse las mismas fobias y rechazos contra judíos, gitanos e inmigrantes que en los años 30. Los gitanos están siendo objeto de persecución, incluso, por partidos democráticos. Es lo que ha ocurrido en Francia. En Hungría, Italia o Francia la población gitana está sufriendo la represión, y a veces persecución y crímenes. Es un asunto muy sensible, junto al de la inmigración (sobre todo de la población negra), pues concentran un buen número de las agresiones.

-En el estado español, están dándose casos de manifestaciones ultraderechistas y repartos de comida “sólo para nacionales” en barriadas con numerosa población inmigrante. ¿Cómo observas el fenómeno?
Hay que pedir a las instituciones que intervengan. Todas, las representativas pero también las fiscales. Es una práctica discriminatoria que rompe con el principio de la igualdad de trato, asumido en toda la Unión Europea. No puede permitirse la “crueldad” de repartir comida a unos y no a otros. Ha habido casos en Valencia, Barcelona, Zaragoza, Alcalá de Henares y en Sevilla. Además, pienso que es una práctica que va a desarrollarse, al igual que el acoso a las mezquitas, después del verano, como una vía para encarar las elecciones municipales y autonómicas. Plantean estas prácticas partidos como España 2000, Democracia Nacional o el Movimiento Social Republicano. Pero es una práctica que se va extendiendo por toda la extrema derecha.

-Por último, ¿plantearías la ilegalización de las organizaciones de estas características?
Hay partidos que están claramente transgrediendo fundamentos esenciales de la democracia, por ejemplo, con la negación del holocausto o la provocación al odio y a la violencia. Estos partidos deberían ser puestos inmediatamente ante el Tribunal Supremo y proceder a su ilegalización. En otros casos, depende. Porque hay una línea clara: si aceptan o no las reglas de la democracia, que implica respetar la dignidad intrínseca de las personas y los derechos humanos. Si no es así, ése partido no debería ser legal.

España libra la batalla contra los delitos de odio: 80 muertos desde 1992 Leer más: España libra la batalla contra los delitos de odio: 80 muertos desde 1992 - Noticias de España http://bit.ly/1qwRMLz

(1 de mayo 2013. En un barrio madrileño)

-Señora: ¡Circule, métase en su casa, qué hace cotilleando afuera. Sudamericana de mierda. Vienen aquí a quitarles los maridos a las mujeres españolas. Todas son unas putas!

- No le he hecho nada. No se meta conmigo.

El hombre, de casi 1,70 metros de estatura, se acercó, la agarró por los hombros, le lanzó un escupitajo en la cara y le aclaró su origen como preámbulo de la andanada que en pocos segundos llegaría.

-¡Yo soy español, sudamericana hija de puta!

Una patada en el muslo izquierdo primero, otra en el tórax después. Y otra, y otra y otra.

Los gritos de la mujer pidiendo ayuda sacaron al hombre de las profundidades de su barbarie. Echó a correr, dejándola tirada en la calle, a pocos metros del portal de su casa, con hematomas en la pierna izquierda, el pecho, la cabeza y la mano derecha, junto a la amiga que en vano intentó detener los golpes. Lo que debía ser una salida rutinaria a tirar la basura terminó convirtiéndose en la primera agresión, y única hasta hoy, sufrida en sus 13 años como inmigrante en Madrid.

María es el nombre que toma prestado esta ecuatoriana para contar los detalles del día en que cambió su vida. Desde aquel miércoles de 2013 no sale de su portal sin asegurarse, después de revisar la calle de un lado a otro, de que nadie la espera. Camina con prisa para alcanzar la entrada del metro y volverse a sentir protegida.

María fue víctima de xenofobia y ya es parte de las estadísticas oficiales que España comienza a recopilar y a publicar bajo la etiqueta delitos de odio, aquellos ataques motivados por la ideología, las creencias religiosas, la orientación sexual, la etnia o el color de piel. El pasado 24 de abril, el Ministerio del Interior anunció que durante 2013 los cuerpos policiales, excepto la Ertzaintza, habían detectado 1.172 casos, la mayoría cometidos contra las comunidades lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT ), un 38%, y los inmigrantes (32%).

Las estadísticas de las organizaciones no gubernamentales son más elevadas. Cerca de cuatro mil agresiones por año en toda España, según el más reciente Informe Raxen, publicado en 2012. Se trata del anuario estadístico elaborado desde 2009 por el Movimiento contra la Intolerancia.

En ese informe además se estiman en 80 las personas muertas desde 1992 por crímenes de odio y se denuncia la presencia de grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas; más de mil sitios, entre blogs, canales de Youtube y redes sociales, promotores de aversión, y la existencia de unos 10.000 ultras y neonazis en territorio español.

¿Hay más racismo con la crisis?

La inestabilidad económica puede llegar a percibirse como un ‘caldo de cultivo’ propicio para aumentar el rechazo hacia el foráneo. Sin embargo, el Ministerio del Interior plantea en su primer informe que no puede continuar relacionándose la crisis con el rechazo al inmigrante porque las estadísticas demuestran una realidad opuesta.

Manifestación de una plataforma ultraderechista. (Efe)

En 2006, una encuesta de percepción del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arrojaba que casi el 60% de los españoles calificaba la inmigración como el problema más importante del país. Esa percepción se ha mantenido a la baja desde octubre de 2011 y en enero pasado no superaba el 5%.

De manera paralela, la situación económica ha ido empeorando: en octubre de 2006 las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban menos del 10% de la población activa sin empleo, mientras que para finales de 2013 el porcentaje de parados sobrepasaba el 25%. “Se comprueba que un aumento en la tasa de paro no (se) correlaciona con la sensación de que el principal problema para la sociedad es la inmigración”, se lee en el documento.

El Ministerio asegura que “España es una sociedad abierta, que se considera históricamente como ‘crisol de culturas’”, y sustenta su sentencia con el aumento, durante la última década, de la población extranjera. Del 7% en 2004, esta pasó a representar el 12% en 2013.

Un grito contra la intolerancia

Han pasado 14 meses desde aquella noche y María recuerda, tras hacer la reconstrucción detallada del ataque, que la policía y una ambulancia llegaron a socorrerla minutos después. Sigue en tratamiento sicológico y recibe atención permanente en su rodilla izquierda porque aún la tiene lesionada. El agresor fue encontrado por la policía y la denuncia de María siguió su curso en un juzgado madrileño. Al hombre sólo le multaron. Castigo ínfimo, dice ella, para quien le arrebató la tranquilidad.

Esteban Ibarra.

María es parte del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, colectivo que reúne a 1.200 personas y nació el 23 de abril de 2014, un día antes de que el Ministerio del Interior presentara por primera vez las estadísticas. La plataforma apoya los esfuerzos que diferentes organizaciones no gubernamentales vienen liderando desde los años 90 en toda España para promover el respeto por la diferencia y brindarles ayuda a quienes son la diana de nacionalistas o neonazis. Esteban Ibarra, uno de los impulsores del Consejo de Víctimas, es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, organización en pie de lucha a favor de los agredidos.

Esteban cuenta que esa ONG se consolidó después del asesinato, el 13 de noviembre de 1992, de la dominicana Lucrecia Pérez. “A Lucrecia la mataron por ser negra”, sentencia este defensor de los derechos humanos a quien su defensa continua lo ha convertido también en blanco del odio desbordado: desde un grupo en Facebook unas 60 personas pedían en 2010 su muerte.

El asesinato de Lucrecia es considerado, por entidades estatales y no gubernamentales, como el primer crimen racista de la España democrática. “Tuvieron que pasar 22 años para que contáramos con estadísticas oficiales. Eso es un gran paso. Nunca olvidaré el 24 de abril de 2014”. Para Esteban ese día es histórico porque por primera vez el Estado español no sólo detallaba las agresiones sufridas por los colectivos más vulnerables sino que además enfatizaba en la necesidad urgente de prevenirlas y erradicarlas.

Luis Carlos Perea, director de movilización de la Fundación RAIS, asegura que el informe “supone un paso importante a la hora de visibilizar la situación que sufren determinados colectivos”. RAIS es una entidad que trabaja para ayudar a las personas sin hogar, otro colectivo atacado con frecuencia.

El rechazo o la agresión contra el habitante de la calle se detalla en el informe del Ministerio del Interior como apodorofobia. “Una categoría que se empieza a escuchar, pero representa una exclusión muy antigua: se ve todos los días en las ciudades, cuando a una persona la echan de una tienda, de un bar o de una discoteca por su aspecto físico o por inferirse que pertenece a un grupo social inferior. También lo vemos cuando hay una boda o un evento importante: los ayuntamientos retiran a las personas que 'afean' la vista de la ciudad”.

Estadísticas oficiales poco fiables

La recolección y publicación periódica de los delitos del odio son un reto para la Unión Europea. En el informe Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victim’s rights, publicado por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA), se explica que en el 52% de los países miembros las estadísticas son limitadas porque es poca o casi nula la cultura de recopilación y publicación. En este grupo está España.

Miles de personas se manifiestan en Francia contra el racismo. (Efe)

Los datos son buenos en el 33% de los países (entre ellos, Francia, Alemania y Bélgica), pero sólo son fiables en un 15%, es decir, en Finlandia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido dado los años que acumulan recopilando estadísticas.

La FRA estima que entre el 75% y el 90% de los incidentes violentos sufridos por personas de grupos étnicos no son denunciados a la policía. Tampoco lo son los ataques padecidos por el 80% de los LGBT y el 75% de los judíos. “El que no se denuncie puede hacer parecer que haya pocos casos y hace más difícil acabar con este problema”, lamenta Esteban.

Encuestas realizadas por la FRA muestran que los ataques se presentan en toda Europa y de manera continua. El 33% de seis mil judíos entrevistados dijo haber sufrido algún acto violento recientemente. El 25% de 93.000 personas LGBT ha sido blanco de burlas o agresiones físicas en algún momento de su vida, mientras que de 23.500 miembros de grupos étnicos, el 18% ha sido rechazado alguna vez.

La Unión Europea promueve la igualdad y el respeto como parte de los principios contemplados en su Carta de los Derechos Fundamentales. En los artículos 1, 10, 21 y 47 de ese documento se “garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial”.

Muchas víctimas prefieren olvidar

Quienes han sufrido algún incidente racista o xenófobo, dice Esteban, prefieren en muchas ocasiones olvidar. Algunos no denuncian y si lo hacen desean que el juicio se celebre pronto para dejar ese episodio atrás y comenzar a recuperar la confianza en su entorno. Otras personas, como María, no sólo denuncian sino que se convierten en activistas para ayudar a solucionar el problema. “Que la gente denuncie, que no se queden callados, que nos ayuden a acabar con estos ataques”, es el mensaje que envía.

Para Esteban después de dos décadas de trabajo comienzan a verse los avances. Además del informe y de la creación del Consejo de Víctimas, España ha dado pasos agigantados, dice, con la creación de fiscalías especializadas contra los delitos de odio, siendo el fiscal Miguel Ángel Aguilar, en Barcelona, el primero en un cargo de ese tipo y el abanderado desde la Justicia en combatir la discriminación.

Otro paso valioso, continúa Esteban, es el proyecto de reforma del Código Penal, en el que se contempla un aumento punitivo contra quien incite al odio o discrimine.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. (Efe)

El Código Penal actual establece en su artículo 510 prisión de uno a tres años y una multa de seis a doce meses para los discriminadores. En la redacción del nuevo Código Penal, cuya aprobación sigue su curso en el Congreso de los Diputados, el artículo 510 establecerá castigos para dos tipos de conductas: hasta cuatro años de prisión para quienes promuevan la violencia, nieguen, trivialicen o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o cualquier ataque cometido contra alguien por discriminación. Y prisión de seis meses a dos años para aquellos que humillen o menosprecien al otro por su raza, ideología o creencias religiosas.

El nuevo Código también contempla prisión, de uno a cuatro años, para quienes enaltezcan o difundan mensajes de odio por cualquier medio de expresión pública. Esta medida busca acabar con la propaganda racista y el discurso de odio que pulula en la red, y alcanzó sus picos más elevados este año con el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León, y con la victoria del equipo Maccabi de Tel Aviv sobre el Real Madrid en la Final Four de Baloncesto.

Isabel Carrasco, en una imagen de archivo.

El Código Penal mantendrá entre los agravantes de la responsabilidad criminal, la actuación motivada por racismo, antisemitismo o cualquier indicio discriminatorio. Esteban asegura que para reforzar lo estipulado por el Código Penal, el Consejo de Víctimas busca a mediano plazo conseguir una ley integral que facilite la ayuda a las víctimas.

El camino por recorrer aún es largo, reconoce Esteban, pero la visibilización del problema y el rechazo cada vez más generalizado a los delitos de odio son ganancias.

“Hay que seguir trabajando porque España no es un país racista ni intolerante. Lo que existe son las conductas racistas, xenófobas y de intolerancia de algunos ciudadanos. No se puede decir que aquí no pasa nada, pero es cierto que aquí no hay una proyección política como la hay en otras naciones europeas, como en Francia, por ejemplo (el ultraderechista Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen)”, asegura Esteba

En 2013 se cometieron por redes sociales más de 11.000 delitos relacionados con el odio

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, ha avanzado que a lo largo de todo el año 2013 se han detectado a través de las redes sociales en España un total de 50.400 delitos, más de 11.000 relativos a delitos de odio.

Así lo ha asegurado en su conferencia Riesgos y amenazas en la red en el marco del XXVI Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que se celebra en el Parador de Toledo, donde ha explicado que a través de estas plataformas también se han cometido delitos comovejaciones leves, coacciones o tratos degradantes.

Ha detallado que el delito de odio, el más habitual, tiene como paradigma a un líder como delincuente, "que generalmente opera en un blog y se sirve de Facebook y Twitter para volcar comentarios ofensivos hacia personas o hechos".

Como ejemplo, se ha referido al accidente de circulación sufrido por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; o el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco; momentos que originaron hechos delictivos de este tipo.

Convocar protestas sociales

"En el mundo virtual hay un componente de publicidad que agrava el daño"

Ha aludido igualmente al partido de la final de la Euroliga de Baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv, en el que se detectaron injurias de carácter religioso; o movimientos ciudadanos como el desalojo de Can Vies en Barcelona o las protestas del barrio de Gamonal en Burgos, en las que -según ha dicho- se convocaron a los seguidores de estas manifestaciones a través de las redes sociales.

Martínez ha asegurado que si una persona comete un delito en las redes sociales "las consecuencias deben de ser las mismas" de si se realiza fuera de ellas, pero ha advertido de que en el mundo virtual "hay un componente de publicidad que agrava el daño que se produce".

20 detenidos por 'sexting' vía Whatsapp

El secretario de Estado de Defensa ha señalado que en lo que llevamos de 2014 han sido 20 los detenidos relacionados con delitos de sexting a través de la aplicación Whatsapp, ante lo que ha abogado por más educación hacia los menores de edad para evitar estas prácticas.

Ha indicado que algunos adolescentes "no le dan importancia a exhibir sus cuerpos desnudos a través de la cámara de su móvil para intercambiar las imágenes", algo que trae consigo "una falta de conciencia de los riesgos de la exposición".

"Los daños daños psicológicos del 'sexting' pueden ser gravísimos"

Según ha subrayado, el efecto de la difusión de estas imágenes "alcanza un alto número de visionados", y el efecto viral que consiguen hacen creer a los participantes "que no hay nada delictivo, aunque los daños psicológicos pueden ser gravísimos".

Otro de los datos ofrecidos por Martínez en su conferencia es que en lo que va de año se han detectado un total de 24 ataques a través de la red contra infraestructuras críticas del Estado, un número "reducido" pero muy importante, "ya que hablamos de infraestructuras que son soporte de servicios esenciales de los que debemos disponer".

1.080 víctimas por minuto 

Francisco Martínez Vázquez ha asegurado que, en términos generales, la ciberdelincuencia puede alcanzar un impacto superior a los 300.000 millones de euros en todo el mundo y que se cobra 1.080 víctimas por minuto a nivel mundial, lo que sitúa a este tipo de delincuencia con una repercusión mayor al narcotráfico.

En este sentido, ha aseverado que el impacto económico de este tipo de delincuencia puede suponer una media de 497.000 euros para grandes empresas y 38.000 euros en el caso de las pymes, además de que un solo ataque "podría costar más de 1,7 millones en pérdidas financieras".

Es por ello que Martínez ha abogado por establecer alianzas internacionales para hacer frente a este problema, asegurando que la situación "exige un diálogo internacional, ya que un solo país no puede dar respuesta a amenazas que son de tipo global".

Ha apostado igualmente por establecer una "cultura de la ciberseguridad" y por "promover un espacio internacional" para fijar "un marco de libertad que debe caracterizar las redes sociales como un entorno fiable".