(1 de mayo 2013. En un barrio madrileño)
-Señora: ¡Circule, métase en su casa, qué hace cotilleando afuera. Sudamericana de mierda. Vienen aquí a quitarles los maridos a las mujeres españolas. Todas son unas putas!
- No le he hecho nada. No se meta conmigo.
El hombre, de casi 1,70 metros de estatura, se acercó, la agarró por los hombros, le lanzó un escupitajo en la cara y le aclaró su origen como preámbulo de la andanada que en pocos segundos llegaría.
-¡Yo soy español, sudamericana hija de puta!
Una patada en el muslo izquierdo primero, otra en el tórax después. Y otra, y otra y otra.
Los gritos de la mujer pidiendo ayuda sacaron al hombre de las profundidades de su barbarie. Echó a correr, dejándola tirada en la calle, a pocos metros del portal de su casa, con hematomas en la pierna izquierda, el pecho, la cabeza y la mano derecha, junto a la amiga que en vano intentó detener los golpes. Lo que debía ser una salida rutinaria a tirar la basura terminó convirtiéndose en la primera agresión, y única hasta hoy, sufrida en sus 13 años como inmigrante en Madrid.
María es el nombre que toma prestado esta ecuatoriana para contar los detalles del día en que cambió su vida. Desde aquel miércoles de 2013 no sale de su portal sin asegurarse, después de revisar la calle de un lado a otro, de que nadie la espera. Camina con prisa para alcanzar la entrada del metro y volverse a sentir protegida.
María fue víctima de xenofobia y ya es parte de las estadísticas oficiales que España comienza a recopilar y a publicar bajo la etiqueta delitos de odio, aquellos ataques motivados por la ideología, las creencias religiosas, la orientación sexual, la etnia o el color de piel. El pasado 24 de abril, el Ministerio del Interior anunció que durante 2013 los cuerpos policiales, excepto la Ertzaintza, habían detectado 1.172 casos, la mayoría cometidos contra las comunidades lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT ), un 38%, y los inmigrantes (32%).
Las estadísticas de las organizaciones no gubernamentales son más elevadas. Cerca de cuatro mil agresiones por año en toda España, según el más reciente Informe Raxen, publicado en 2012. Se trata del anuario estadístico elaborado desde 2009 por el Movimiento contra la Intolerancia.
En ese informe además se estiman en 80 las personas muertas desde 1992 por crímenes de odio y se denuncia la presencia de grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas; más de mil sitios, entre blogs, canales de Youtube y redes sociales, promotores de aversión, y la existencia de unos 10.000 ultras y neonazis en territorio español.
¿Hay más racismo con la crisis?
La inestabilidad económica puede llegar a percibirse como un ‘caldo de cultivo’ propicio para aumentar el rechazo hacia el foráneo. Sin embargo, el Ministerio del Interior plantea en su primer informe que no puede continuar relacionándose la crisis con el rechazo al inmigrante porque las estadísticas demuestran una realidad opuesta.
Manifestación de una plataforma ultraderechista. (Efe)
En 2006, una encuesta de percepción del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arrojaba que casi el 60% de los españoles calificaba la inmigración como el problema más importante del país. Esa percepción se ha mantenido a la baja desde octubre de 2011 y en enero pasado no superaba el 5%.
De manera paralela, la situación económica ha ido empeorando: en octubre de 2006 las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban menos del 10% de la población activa sin empleo, mientras que para finales de 2013 el porcentaje de parados sobrepasaba el 25%. “Se comprueba que un aumento en la tasa de paro no (se) correlaciona con la sensación de que el principal problema para la sociedad es la inmigración”, se lee en el documento.
El Ministerio asegura que “España es una sociedad abierta, que se considera históricamente como ‘crisol de culturas’”, y sustenta su sentencia con el aumento, durante la última década, de la población extranjera. Del 7% en 2004, esta pasó a representar el 12% en 2013.
Un grito contra la intolerancia
Han pasado 14 meses desde aquella noche y María recuerda, tras hacer la reconstrucción detallada del ataque, que la policía y una ambulancia llegaron a socorrerla minutos después. Sigue en tratamiento sicológico y recibe atención permanente en su rodilla izquierda porque aún la tiene lesionada. El agresor fue encontrado por la policía y la denuncia de María siguió su curso en un juzgado madrileño. Al hombre sólo le multaron. Castigo ínfimo, dice ella, para quien le arrebató la tranquilidad.
Esteban Ibarra.
María es parte del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, colectivo que reúne a 1.200 personas y nació el 23 de abril de 2014, un día antes de que el Ministerio del Interior presentara por primera vez las estadísticas. La plataforma apoya los esfuerzos que diferentes organizaciones no gubernamentales vienen liderando desde los años 90 en toda España para promover el respeto por la diferencia y brindarles ayuda a quienes son la diana de nacionalistas o neonazis. Esteban Ibarra, uno de los impulsores del Consejo de Víctimas, es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, organización en pie de lucha a favor de los agredidos.
Esteban cuenta que esa ONG se consolidó después del asesinato, el 13 de noviembre de 1992, de la dominicana Lucrecia Pérez. “A Lucrecia la mataron por ser negra”, sentencia este defensor de los derechos humanos a quien su defensa continua lo ha convertido también en blanco del odio desbordado: desde un grupo en Facebook unas 60 personas pedían en 2010 su muerte.
El asesinato de Lucrecia es considerado, por entidades estatales y no gubernamentales, como el primer crimen racista de la España democrática. “Tuvieron que pasar 22 años para que contáramos con estadísticas oficiales. Eso es un gran paso. Nunca olvidaré el 24 de abril de 2014”. Para Esteban ese día es histórico porque por primera vez el Estado español no sólo detallaba las agresiones sufridas por los colectivos más vulnerables sino que además enfatizaba en la necesidad urgente de prevenirlas y erradicarlas.
Luis Carlos Perea, director de movilización de la Fundación RAIS, asegura que el informe “supone un paso importante a la hora de visibilizar la situación que sufren determinados colectivos”. RAIS es una entidad que trabaja para ayudar a las personas sin hogar, otro colectivo atacado con frecuencia.
El rechazo o la agresión contra el habitante de la calle se detalla en el informe del Ministerio del Interior como apodorofobia. “Una categoría que se empieza a escuchar, pero representa una exclusión muy antigua: se ve todos los días en las ciudades, cuando a una persona la echan de una tienda, de un bar o de una discoteca por su aspecto físico o por inferirse que pertenece a un grupo social inferior. También lo vemos cuando hay una boda o un evento importante: los ayuntamientos retiran a las personas que 'afean' la vista de la ciudad”.
Estadísticas oficiales poco fiables
La recolección y publicación periódica de los delitos del odio son un reto para la Unión Europea. En el informe Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victim’s rights, publicado por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA), se explica que en el 52% de los países miembros las estadísticas son limitadas porque es poca o casi nula la cultura de recopilación y publicación. En este grupo está España.
Miles de personas se manifiestan en Francia contra el racismo. (Efe)
Los datos son buenos en el 33% de los países (entre ellos, Francia, Alemania y Bélgica), pero sólo son fiables en un 15%, es decir, en Finlandia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido dado los años que acumulan recopilando estadísticas.
La FRA estima que entre el 75% y el 90% de los incidentes violentos sufridos por personas de grupos étnicos no son denunciados a la policía. Tampoco lo son los ataques padecidos por el 80% de los LGBT y el 75% de los judíos. “El que no se denuncie puede hacer parecer que haya pocos casos y hace más difícil acabar con este problema”, lamenta Esteban.
Encuestas realizadas por la FRA muestran que los ataques se presentan en toda Europa y de manera continua. El 33% de seis mil judíos entrevistados dijo haber sufrido algún acto violento recientemente. El 25% de 93.000 personas LGBT ha sido blanco de burlas o agresiones físicas en algún momento de su vida, mientras que de 23.500 miembros de grupos étnicos, el 18% ha sido rechazado alguna vez.
La Unión Europea promueve la igualdad y el respeto como parte de los principios contemplados en su Carta de los Derechos Fundamentales. En los artículos 1, 10, 21 y 47 de ese documento se “garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial”.
Muchas víctimas prefieren olvidar
Quienes han sufrido algún incidente racista o xenófobo, dice Esteban, prefieren en muchas ocasiones olvidar. Algunos no denuncian y si lo hacen desean que el juicio se celebre pronto para dejar ese episodio atrás y comenzar a recuperar la confianza en su entorno. Otras personas, como María, no sólo denuncian sino que se convierten en activistas para ayudar a solucionar el problema. “Que la gente denuncie, que no se queden callados, que nos ayuden a acabar con estos ataques”, es el mensaje que envía.
Para Esteban después de dos décadas de trabajo comienzan a verse los avances. Además del informe y de la creación del Consejo de Víctimas, España ha dado pasos agigantados, dice, con la creación de fiscalías especializadas contra los delitos de odio, siendo el fiscal Miguel Ángel Aguilar, en Barcelona, el primero en un cargo de ese tipo y el abanderado desde la Justicia en combatir la discriminación.
Otro paso valioso, continúa Esteban, es el proyecto de reforma del Código Penal, en el que se contempla un aumento punitivo contra quien incite al odio o discrimine.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. (Efe)
El Código Penal actual establece en su artículo 510 prisión de uno a tres años y una multa de seis a doce meses para los discriminadores. En la redacción del nuevo Código Penal, cuya aprobación sigue su curso en el Congreso de los Diputados, el artículo 510 establecerá castigos para dos tipos de conductas: hasta cuatro años de prisión para quienes promuevan la violencia, nieguen, trivialicen o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o cualquier ataque cometido contra alguien por discriminación. Y prisión de seis meses a dos años para aquellos que humillen o menosprecien al otro por su raza, ideología o creencias religiosas.
El nuevo Código también contempla prisión, de uno a cuatro años, para quienes enaltezcan o difundan mensajes de odio por cualquier medio de expresión pública. Esta medida busca acabar con la propaganda racista y el discurso de odio que pulula en la red, y alcanzó sus picos más elevados este año con el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León, y con la victoria del equipo Maccabi de Tel Aviv sobre el Real Madrid en la Final Four de Baloncesto.
Isabel Carrasco, en una imagen de archivo.
El Código Penal mantendrá entre los agravantes de la responsabilidad criminal, la actuación motivada por racismo, antisemitismo o cualquier indicio discriminatorio. Esteban asegura que para reforzar lo estipulado por el Código Penal, el Consejo de Víctimas busca a mediano plazo conseguir una ley integral que facilite la ayuda a las víctimas.
El camino por recorrer aún es largo, reconoce Esteban, pero la visibilización del problema y el rechazo cada vez más generalizado a los delitos de odio son ganancias.
“Hay que seguir trabajando porque España no es un país racista ni intolerante. Lo que existe son las conductas racistas, xenófobas y de intolerancia de algunos ciudadanos. No se puede decir que aquí no pasa nada, pero es cierto que aquí no hay una proyección política como la hay en otras naciones europeas, como en Francia, por ejemplo (el ultraderechista Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen)”, asegura Esteba
