La juez que instruye el caso considera que la Audiencia Nacional debe asumir la causa
Falange y Tradición quería captar adeptos y comprar armas para proseguir sus ataques
UNA DE SUS REUNIONES MÁS NUMEROSAS tuvo lugar EN LAS PISCINAS DE LOS MILITARES
La juez que instruye el caso considera que se dan todos los elementos para que la Audiencia Nacional asuma la causa
PAMPLONA. Falange y Tradición (FyT), el violento grupo de extrema derecha que el pasado verano cometió decenas de ataques contra la memoria histórica y amenazó de muerte a varios cargos públicos, tenía firmes intenciones de proseguir su actividad delictiva. Así figura tanto en el extenso sumario del caso como en el escrito que la magistrada que lo instruye -Mª Paz Benito Osés, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona- ha enviado al Tribunal Supremo (TS) con el fin de que sea la Audiencia Nacional (AN) donde se juzgue a los cinco imputados, después de alertar de que se trata de un grupo que planeaba "adquirir armas" y captar a más gente.
"Nos encontramos con una pluralidad de actuaciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provenientes de un grupo de extrema derecha organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado, por lo que procede estimar que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a la Audiencia Nacional". Con este párrafo cierra la juez Benito el informe remitido al Supremo el pasado jueves 4 de marzo, y hecho público ayer, en el que reitera su convencimiento de que se dan todos los elementos para que la Audiencia Nacional asuma la competencia de la causa.
"CONTRA SU PROPIO CRITERIO" La juez recuerda, además, que esta causa se inició precisamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que acordó las intervenciones telefónicas que se habían solicitado por la Jefatura de Información de Guardia Civil y que posteriormente acordó su sobreseimiento provisional de la causa. "El Juzgado está yendo en contra de su propio criterio, que ha quedado plasmado en las resoluciones que dictó", añade la magistrada. Además, considera que existen indicios suficientes para estimar su solicitud, "puesto que no nos hallamos ante delitos de daños, amenazas o coacciones aislados, sino cometidos por un grupo estable, que pretende con estas actuaciones una finalidad que va más allá de la intrínseca a los correspondientes delitos".
La juez señala que "los actos llevados a cabo contienen la gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población", y recuerda que "todos los objetivos de los ataques se vinculan con la ley de la memoria histórica o con partidos, personas o intereses relacionados con la izquierda abertzale".
La magistrada también menciona el manifiesto que FyT envió a las medios de comunicación el 23 de septiembre de 2009. En él no sólo reivindicaba la autoría de los ataques que se recogen en la parte inferior de estas páginas cometidos hasta esa fecha, sino que apuntaba con detalles cuáles son sus objetivos. En concreto, "establece claramente que sus enemigos son el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano"" y advierte de que "actuará con los medios que sean necesarios para la instauración en España de un régimen político verdaderamente cristiano y nacional".
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