Politica en las Gradas

Ocho jugadores de la Real Sociedad apoyan a los presos de ETA
La organización de la marcha ha informado en un comunicado de los jugadores que han expresado su apoyo a este acto son Imanol Agirretxe, Jon Ansotegi, Mikel Gonzalez, Mikel Labaka, Eñaut Zubikarai, Markel Bergara, David Zurutuza y el capitán, Mikel Aranburu.
La manifestación ha sido convocada por un colectivo denominado "Egin dezagun urratsa" (Demos un paso adelante), bajo el lema "Los presos vascos a Euskal Herria con todos sus derechos, demos un paso adelante".
La marcha ha recibido el apoyo de los partidos firmantes del pacto de Gernika (EA, Aralar, la izquierda abertzale, Alternatiba y AB) y de sindicados como ELA y LAB.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP pidieron hoy que el Gobierno vasco, que preside Patxi López, prohíba la manifestación. En el manifiesto de la convocatoria se afirma que los derechos de los presos etarras están siendo “conculcados”, al tiempo que se añade que daría “oxígeno” a una “nueva etapa” que cambiase la situación de los internos de la banda terrorista. A este respecto, la AVT presentó este lunes un escrito en la Audiencia Nacional pidiendo la prohibición de la iniciativa del sábado.
El colectivo que preside Ángeles Pedraza sostiene que esta marcha podría ser “ilícita”. Según la principal asociación de víctimas, en esta manifestación “podrían cometerse delitos de enaltecimiento del terrorismo mediante la exhibición de pancartas o de fotografías de presos etarras, como ya ha sucedido en múltiples ocasiones”.
Por su parte, Carlos Urquijo, portavoz de Interior del PP en el Parlamento vasco, dijo hoy a Servimedia que la marcha de Bilbao es “claramente un acto de enaltecimiento del terrorismo”. Según Urquijo, esta convocatoria no sólo vulnera el Código Penal, sino también la Ley Vasca de Víctimas del Terrorismo, que, según este diputado, persigue la exaltación de los terroristas en perjuicio de los que han sufrido la violencia.
Las manifestaciones en el País Vasco deben ser comunicadas a la Consejería de Interior, que puede prohibirlas si considera que se vulnera de alguna forma la legalidad. En todo caso, si el departamento que dirige Rodolfo Ares no dirige ninguna comunicación expresa a los convocantes, el acto podrá celebrarse.