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domingo, 13 de julio de 2014

Siete detenidos por los altercados de los ultras del Xerez y el Sevilla



La Policía Nacional ha detenido a siete personas, cuatro de ellas residentes en Jerez y otras tres vecinas de Sevilla, por su presunta participación en los incidentes ocurridos el pasado 8 de junio, cuando irrumpieron violentamente en la barriada del Cerro del Moro provocando daños en vehículos y mobiliario urbano, y alterando el orden público, horas antes de celebrarse el partido correspondiente a la última jornada de la Liga de 2ª Provincial entre el Cádiz 1812 FC y el Xerez Deportivo FC, en el campo Manuel Irigoyen. 

La investigación se inició a raíz de los incidentes ocurridos sobre las 16:00 horas de ese día en el Cerro del Moro, cuando un grupo de personas llegadas a bordo de una media docena de vehículos particulares estacionaron en las proximidades de la calle Sor Cristina López García con avenida Lacave, se apearon con las caras cubiertas y, provistos de diferentes palos y otras herramientas, se dirigieron a pie hasta la calle Grazalema e inmediaciones.

 Allí emprendieron una batalla campal contra todos los vehículos y motos que encontraban a su paso, originando diversos destrozos y daños, como roturas de parabrisas, lunas traseras, carrocerías, carenados, creándose una gran confusión y alboroto, que se tradujo en un aluvión de llamadas al 091 de los residentes en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Policía Local, que observaron los daños y destrozos ocasionados en la calle Grazalema a una media docena de vehículos dañados, entre los que se encontraban al menos cinco coches y una moto, así como los indicios de los desórdenes públicos allí provocados, como vallas y contenedores atravesados, piedras y adoquines.
Los vecinos presentes vieron huir a los asaltantes con ganas de ir tras ellos, según expresaron en las redes sociales, donde colgaron imágenes de uno de los asaltantes que, tras chocar contra una farola cuando huía a pie de la zona, casi pierde los pantalones. Parecía aturdido y tuvo que ser ayudado por uno de los compañeros para subir al coche y huir del lugar. Parece que se trataba del apodado Mole, uno de los detenidos, que acabó con una brecha en la cabeza.

Los agentes recogieron por la zona bengalas de señalización, pasamontañas, martillo rompe-vidrios, losas de pavimento de grandes dimensiones y hasta 30 palos de un mueble usado, tirachinas, cabeza de martillo, maza de goma y cascos, entre otras cosas. Los propietarios de los vehículos comparecieron posteriormente en las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía, donde aportaron los presupuestos de los daños que les han originado, que un principio pueden alcanzar cantidades próximas a los 2.000 euros. 

La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos y descubrir a los culpables para proceder a su detención y ponerlos a disposición de la autoridad judicial. Las primeras pesquisas determinaron que los presuntos autores de los daños y desordenes públicos tenían como antecedente la pugna futbolística entre las aficiones hermanadas del Xerez y del Sevilla contra la afición gaditana, provocada por elementos radicales violentos pertenecientes a los llamados Kolectivo Sur y Biris. 

De hecho, la Policía Nacional tenía montado para la hora del encuentro un dispositivo policial reforzado con objeto de evitar cualquier altercado entre aficiones, como ya había ocurrido en otros partidos anteriores. Pero miembros de los colectivos antes citados habían decidido venir horas antes a Cádiz. Al parecer, tras los incidentes, alertaron al resto de aficionados pertenecientes a estos grupos para que no vinieran, ya que había muchos policías y los ánimos de los vecinos y aficionados estaban alterados.

Una vez obtenidas las pruebas que identificaban a los presuntos autores, se desarrolló un operativo policial dirigido por agentes destinados en la Comisaría Provincial de Cádiz en colaboración con la Jefatura Superior de Policía en Sevilla y Comisaría local de Jerez de la Frontera, logrando detener en Jerez a A. M. R.G. de 25 años, I. B.J. de 35 años, J. L.V.R. de 42 años y J.M. M.G. de 17 años, todos naturales y domiciliados en esa ciudad, así como en Sevilla a F.M.R.M. de 31 años, J.M. M .V. de 26 años y S.S.F. de 21 años, todos naturales y domiciliados en la capital andaluza.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número dos de Cádiz, que ya conocía los hechos por tener acumuladas las denuncias de los perjudicados por los actos vandálicos. Entre los ahora imputados por la Policía se halla un menor, por lo que también se ha dado oportuna cuenta a la Fiscalía de Menores. La Policía reseña que la investigación aún sigue abierta y quiere destacar la colaboración ciudadana con la que ha contado, así como reiterar que cualquier dato o información que se pueda aportar para el esclarecimiento total de estos hechos, lo pueden realizar a través de esta Comisaría Provincial de Cádiz.

Reunión Comision contra Violencia Racismo Xenofobia e Intolerancia en el Deporte

Multa de 180.000 euros a Las Palmas por los incidentes en el ascenso ante el Córdoba

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una multa de 180.000 euros a la UD Las Palmas "por exceso de aforo, lanzamiento de bengalas e invasiones masivas del terreno de juego" durante el partido de ascenso a Primera ante el Córdoba, que obligó a detener el duelo durante unos minutos.

Antiviolencia ha acordado dos multas de 90.000 euros al club canario. La primera de ellas, por "deficiencias en las medidas de permanencia y desalojo de espectadores" al no impedir que se introdujeran, encendieran y lanzaran dos bengalas en el recinto deportivo, así como que minutos antes del final "se produjera una invasión del terreno de juego por unos 200 aficionados, con suspensión momentánea del partido en el minuto 92 y posteriormente, otra invasión masiva tras el pitido final, con el consiguiente riesgo para los jugadores y el trío arbitral".

Asimismo, ha propuesto una segunda multa también de 90.000 euros al club por no controlar el movimiento de espectadores de diferentes sectores de las gradas hacia el sector denominado 'grada naciente', lo que produjo que los pasillos y vomitorios estuvieran completamente ocupados sin poder transitar por los mismos, y porque, unos diez minutos antes del final del partido, se produce de nuevo un exceso de aforo, causado por la apertura por parte de la organización de las puertas de acceso sin establecer ningún control de seguridad privada, lo que provocó que unos 500 aficionados accedieran al estadio cuando ya estaban ocupadas todas las localidades disponibles para este encuentro.

Además, ha propuesto para sanción por infracción muy grave, con multa de 60.001 euros, al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez Alonso, por las manifestaciones vertidas en los medios de comunicación al final del encuentro "cuyas declaraciones generaron una dura reacción contra la labor policial y dificultaron la normal evacuación del recinto deportivo".

Como consecuencia de los incidentes acaecidos, el organismo ha propuesto una multa de 4.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a cada uno de los dos aficionados identificados quienes, antes del inicio del partido, "agredieron violentamente a un aficionado del equipo visitante provocándole heridas de diversa consideración que precisaron su traslado al hospital".
Otras sanciones
Por otro parte, la Comisión Antiviolencia ha propuesto para una sanción de 65.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de cinco años un aficionado que, "teniendo en vigor varias prohibiciones para acceder a los recintos deportivos por otras sanciones anteriores en vigor", fue identificado en el partido de fútbol sala entre el Elche CF Sala y el Plásticos Romero Cartagena, celebrado en la localidad ilicitana.

En una lista de hasta 27 multas, destaca también la propuesta de 5.000 euros y prohibición de acceso por un año a un aficionado que al final del partido de 'play-off' de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el FC Barcelona "agredió violentamente a un agente de la Policía y profirió graves insultos y amenazas contra el resto de los agentes policiales".

La tapadera perfecta: las bandas criminales de América Latina se pasan al fútbol

Seguramente usted nunca llegó a preguntarse por qué la selección española ganó 2-0 a El Salvador en Washington en su último partido amistoso antes del Mundial. España podría haber ganado 1-0, o 3-1. Sin embargo, corría el minuto 86 cuando David Villa completaba su doblete y cerraba el encuentro. ¿Marcador casual? Seguramente, aunque el rival de la Roja aquella tarde atesora un bochornoso historial de amaño de partidos, con el estadio Robert F. Kennedy de Washington precisamente como uno de los escenarios de la infamia.


Un jugador de la selección de El Salvador, escudado en el anonimato, relató hace un año al diario El Gráfico cómo siete futbolistas negociaron la venta de un partido en junio de 2010. La noche anterior a enfrentarse al D.C. United sobre el césped del Robert F. Kennedy, tres mafiosos les sugirieron un pacto: dejarse ganar por dos goles de diferencia o más a cambio de 10.000 dólares por barba.


Seguramente usted nunca llegó a preguntarse por qué la selección española ganó 2-0 a El Salvador en Washington en su último partido amistoso antes del Mundial. España podría haber ganado 1-0, o 3-1. Sin embargo, corría el minuto 86 cuando David Villa completaba su doblete y cerraba el encuentro. ¿Marcador casual? Seguramente, aunque el rival de la Roja aquella tarde atesora un bochornoso historial de amaño de partidos, con el estadio Robert F. Kennedy de Washington precisamente como uno de los escenarios de la infamia.


Un jugador de la selección de El Salvador, escudado en el anonimato, relató hace un año al diario El Gráfico cómo siete futbolistas negociaron la venta de un partido en junio de 2010. La noche anterior a enfrentarse al D.C. United sobre el césped del Robert F. Kennedy, tres mafiosos les sugirieron un pacto: dejarse ganar por dos goles de diferencia o más a cambio de 10.000 dólares por barba.
Los amaños ya son una epidemia en la región


El asunto de los amaños alcanza tintes de epidemia en la región. “Se trata de una mafia internacional, la cual subcontrata a grupos criminales locales para presionar a jugadores, árbitros, entrenadores. Se necesitan de media siete jugadores por equipo, seis titulares y otro más en el banquillo que pueda recibir instrucciones por teléfono móvil. Según se necesite, los jugadores son expulsados, marcan en propia puerta o se dejan golear en determinado momento del partido. En Italia, este mismo grupo, coordinado por Dan Tan (jefe criminal de Singapur) utilizó sus vínculos con la mafia tradicional para amañar partidos, según las pruebas que surgieron en el juicio a varios futbolistas profesionales”, indica Cristian Villalta, editor jefe de El Gráfico, al portal de investigación y análisis Insight Crime.


“En México, esta actividad está ligada al narcotráfico. Algunos expertos aseguran que hay bandas criminales que se han pasado del tráfico de armas al más lucrativo y menos peligroso amaño de partidos”, prosigue.


¿Pero qué tendrá el balón para que el dinero negro acuda como moscas a la miel? Según Roberto de Michele, especialista en blanqueo de capitales para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el mercado del fútbol tiene algunas de las características de los mercados semiformales propios de las economías en desarrollo. Son mercados fáciles de penetrar, opacos, con multiplicidad de actores socialmente vulnerables y con la capacidad de atraer grandes sumas de dinero no relacionadas con el valor del producto. Rasgos parecidos a los que encontramos en la producción rural de muchos países de la región, y que a veces se encuentra también en el mercado inmobiliario, de metales preciosos o de obras de arte”.


Los amaños ya son una epidemia en la región
El asunto de los amaños alcanza tintes de epidemia en la región. “Se trata de una mafia internacional, la cual subcontrata a grupos criminales locales para presionar a jugadores, árbitros, entrenadores. Se necesitan de media siete jugadores por equipo, seis titulares y otro más en el banquillo que pueda recibir instrucciones por teléfono móvil. Según se necesite, los jugadores son expulsados, marcan en propia puerta o se dejan golear en determinado momento del partido. En Italia, este mismo grupo, coordinado por Dan Tan (jefe criminal de Singapur) utilizó sus vínculos con la mafia tradicional para amañar partidos, según las pruebas que surgieron en el juicio a varios futbolistas profesionales”, indica Cristian Villalta, editor jefe de El Gráfico, al portal de investigación y análisis Insight Crime.


“En México, esta actividad está ligada al narcotráfico. Algunos expertos aseguran que hay bandas criminales que se han pasado del tráfico de armas al más lucrativo y menos peligroso amaño de partidos”, prosigue.
¿Pero qué tendrá el balón para que el dinero negro acuda como moscas a la miel? Según Roberto de Michele, especialista en blanqueo de capitales para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el mercado del fútbol tiene algunas de las características de los mercados semiformales propios de las economías en desarrollo. Son mercados fáciles de penetrar, opacos, con multiplicidad de actores socialmente vulnerables y con la capacidad de atraer grandes sumas de dinero no relacionadas con el valor del producto. Rasgos parecidos a los que encontramos en la producción rural de muchos países de la región, y que a veces se encuentra también en el mercado inmobiliario, de metales preciosos o de obras de arte”.


Un capo del narco como socio
En El Salvador, por ejemplo, el Isidro Metapán ha ganado ocho campeonatos consecutivos. El presidente del club e hijo del alcalde de la ciudad, Wilfredo Guerra Umaña, tiene como socio al Chepe Diablo, capo del cártel de Texis, uno de los principales operadores del narcotráfico en la región. En Guatemala, los Heredia Jaguares de Petén llevan prácticamente imbatidos desde 2010. Son propiedad de la familia Mendoza, que debe su fortuna al contrabando, el narcotráfico y la corrupción oficial. Y en Honduras, la Real Sociedad de Tocoa ha pasado de la segunda división a doble finalista de la Liga Nacional gracias a la gestión de sus propietarios, la familia Rivera Madariaga, mejor conocida como los Cachiros, uno de los grupos criminales más poderosos del país según las autoridades de Honduras y Estados Unidos


Gracias a la connivencia con políticos, a los que financian carreras meteóricas, y con la sociedad, orgullosa de que su humilde equipo ahora levante trofeos, los criminales usan los clubs como tapaderas para contratar personal, declarar ingresos inexistentes, recibir donaciones de dudosa procedencia, gestionar patrocinios o falsificar contratos de jugadores. Todo un abanico de posibilidades al servicio del crimen organizado.
Pero por muy obsceno que resulte, lo de Centroamérica es sólo una caricatura en comparación con los miles de millones de euros que pueden llegar a blanquearse en el fútbol profesional de Sudamérica y Europa a través de intrincadas corporaciones de guante blanco. La liga guatemalteca tiene un techo muy bajo en cuanto al volumen de dinero que puede mover, pero la Liga española o la Premier inglesa están en otra dimensión.
“El problema no es el fútbol, sino los mercados imperfectos”


La OCDE ya dijo en su día que el fútbol es el deporte perfecto para lavar dinero, y que la relación entre el crimen organizado y el balón "es más profunda y compleja de lo que se pensaba". Así lo demostró una macrorredada a distintos equipos de fútbol profesional y entidades financieras en Argentina, Chile y Uruguay en junio de 2013. Agentes judiciales registraron la “oficina central” de una compleja red que habría evadido impuestos y lavado decenas de millones de dólares mediante la compraventa de jugadores. Más de 140 representantes fueron suspendidos tras levantarse la alfombra.


“El problema no es el fútbol, sino los mercados imperfectos. Las organizaciones criminales seleccionan la actividad ilícita en virtud de los costes, beneficios y oportunidades. Son organizaciones muy dinámicas que siempre van un paso por delante de las autoridades”, advierte De Michele a El Confidencial. “Sería ingenuo pensar que el fútbol es el gran mercado del blanqueo de capitales, porque para alcanzar los montos de blanqueo que se producen en otros sectores económicos habría que vender un club como el Barcelona o el Real Madrid entero. Terminan siendo maniobras fácilmente detectables, pues todos los clubs tienen balances y cualquier socio puede pedir su consulta. En este sentido, el mercado del fútbol ha mejorado bastante y cada vez más gente se preocupa de que funcione correctamente, ya que tiene implicaciones fiscales muy importantes”, continúa el experto del BID.


No hay más que echar un ojo a nuestra Liga para observar la aparición de investigaciones judiciales nunca vistas. Como la que rastrea los sospechosos partidos benéficos de “Leo Messi y sus amigos contra el resto del mundo” que el astro azulgrana y otros futbolistas disputaron en Estados Unidos, Perú, México y Colombia entre 2012 y 2013. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando cinco transferencias bancarias al paraíso fiscal de Curazao por un importe de casi un millón de euros cada una derivadas de esos partidos.
El truco utilizado por los organizadores es uno de los más comunes: la gestión de las entradas. En este caso concreto, fue la venta de “entradas de fila cero”, en las que la gente pagaba por una entrada sin intención de acudir al estadio como contribución a la causa solidaria. Jorge Messi, padre y representante del delantero y amigo del sospechoso organizador de la gira, el agente argentino Gerardo Marín, estaría acusado de quedarse una tajada de entre el 10% y el 20% de ese dinero una vez blanqueado
.
Otro asunto muy espinoso es el traspaso de Neymar Jr. al Barcelona procedente del Santos, y que por primera vez en España ha destapado las cañerías del turbio puente aéreo Sudamérica-Europa. De los 57 millones de euros reconocidos en un principio por el club catalán a los 95 que se barajan hoy, existe una diferencia de 38 millones no declarados que están bajo investigación de las autoridades. La misma FIFA ha reconocido que el mercado mundial de traspasos de futbolistas mueve cada año 2.000 millones de dólares que no son revelados en los contratos ni declarados al fisco, es decir, el 40% del total del negocio. Una puerta abierta de par en par al blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción a gran escala.

Un agujero en la defensa de la Ertzaintza


El ascenso del Eibar a Primera División y el hecho de que Athletic de Bilbao y Real Sociedad -además del Baskonia de baloncesto- puedan jugar competiciones europeas en una misma temporada ha generado una honda preocupación en el seno de laBrigada Móvil, la unidad antidisturbios de la Ertzaintza que cuenta con unos 400 efectivos pero que, desde la reestructuración interna de los últimos meses, dedica "un 80%" de sus esfuerzos a los traslados de presos. Mandos intermedios de BrigadaMóvil explican a este periódico que los despliegues en recintos deportivos de laPolicía vasca son "muy deficientes" y que la coordinación con la seguridad privada es insuficiente. Denuncian que hay "servilismo" hacia los grupos de aficionados más "radicales" y temen que la multiplicación de eventos en los próximos meses pueda derivar en complicaciones no deseadas. "La percepción de quien la va a liar en la grada es, ahora mismo, de impunidad", lamentan.

Aunque sean dos materias sin ninguna relación entre sí, los agentes consultados señalan como un problema añadido para el control de eventos deportivos la asunción por parte de la Brigada Móvil de la función traslado de presos, básicamente entre las cárceles y los hospitales, tras la supresión de las unidades especializadas de Vitoria(Nanclares-Zaballa), Basauri y San Sebastián(Martutene). Un informe no oficial elaborado por un suboficial muestra cómo sus vehículos realizan "17.000 kilómetros adicionales" a la semana desde que se produjo este cambio. En una reciente comparecencia en elParlamento, los sindicatos policiales Erne y CCOO-Ertzaintza también denunciaron esta situación.
"Esto reduce el tiempo para entrenamiento. Con la excesiva carga de trabajo, el componente de especialidad de la Brigada Móvil se está difuminando", remarcan integrantes de la unidad. Recuerdan que uno de los objetivos tras la muerte de ÍñigoCabacas en una carga policial ocurrida tras un partido de fútbol en Bilbao era, precisamente, que sólo los especialistas hicieran labores antidisturbios y que los equipos de Seguridad Ciudadana no volvieran a cargar en caso de incidentes.

Para quienes conocen el día a día de la Brigada Móvil, es una "evidencia" que la seguridad en el deporte no constituye una prioridad para los responsables de la Ertzaintza. Todavía aparecen como cercanos en el tiempo, por un lado, la sucesión de sobresaltos durante la temporada 2011/2012, en la que el Athletic jugó competición europea, y, por otro, los incidentes registrados en Anoeta durante el amistoso Euskadi-Bolivia de laNavidad de ese año. La investigación oficial puso de manifiesto las deficiencias en el control de acceso al estadio: los ultras colaron por las ventanas de los urinarios 70 bengalas y hubo una batalla campal en las gradas que dejó una docena de agentes y aficionados heridos. Extraoficialmente, los ertzainas denunciaron también que había órdenes directas de actuar con mesura o de no transmitir una imagen agresiva con el uniforme antidisturbios, hasta el punto de que no se les permitió llevar escudos y casco.

Y las cosas desde entonces no han cambiado, según las fuentes consultadas. Ni siquiera se ha impedido que la plataforma Esait vuelva a organizar partidos de la selección vasca tras lo ocurrido, "cosa que habría sido lo normal en cualquier país". "A nosotros no nos ponen en las puertas y yo nunca he visto a un guarda de seguridad impedir el acceso de personas bajo los efectos del alcohol y las drogas", apunta un ertzaina con experiencia de años en estadios de fútbol y otros eventos como ejemplo del descontrol en estos recintos.

Tiene más quejas: "Nosotros hemos puesto denuncias [la Ley del Deporte abre la puerta a multas de hasta 3.000 euros en caso de infracciones graves] y desde arriba las han quitado. Hay connivencia con determinadas peñas radicales.Se pacta hasta qué pancarta pueden sacar o no. Recuerdo que una vez, en SanMamés, nos limitamos a contar cuántas bengalas había, sin poder hacer nada. Lanzaron 48". Entre los ertzainas preocupa que no se quiera ver que en elPaís Vasco existen grupos ultra de extrema izquierda consolidados (Herri Norte en Bilbao, Iraultza 1921 en Vitoria y Peña Mujika en San Sebastián), que organizan con frecuencia quedadas en puntos que son perfectamente conocidos por la Policía para pegarse con aficiones rivales y que, si tienen oportunidad, se unen para enfrentarse a los grupos de extrema derecha que consideran enemigos.
"Nadie controla que los aficionados más radicales, que tienen impedido el acceso a recintos deportivos [tras sucesivos encontronazos con la Policía], entren al campo. Y es simplemente porque no existe un libro de registro con las sanciones aunque les conozcamos perfectamente", lamentan en la Brigada Móvil.

A todo esto se añade que los despliegues para eventos deportivos son mucho más limitados que en otros países. En los incidentes de Anoeta sólo había 14 antidisturbios para 1.000 ultras. "Tienen que equipararse a lo que ocurre en Europa. En cualquier partido en Alemania o Inglaterra hay muchos más policías. ¿Qué pasa? Que eso es más caro", señaló entoncesRoberto Seijo, secretario general del sindicatoErne, que defiende la teoría de que, a másPolicía, no sólo mayor seguridad, sino también menos contundencia a la hora de intervenir ante altercados.
Está por ver cómo afecta la nueva Ley de Espectáculos Públicos propuesta por el Gobierno vasco, que plantea un copago de la seguridad adicional que exija un evento de masas en caso de que haya un "alto riesgo" de incidentes. En principio, en la temporada recién finalizada el Departamento de Seguridad sólo entendió que cuatro partidos tuvieron riesgo especial, todos de la Real Sociedad y dos de ellos correspondientes a sus partidos Champions League.

Un problema en Ipurua
Sin embargo, el elemento diferencial para la nueva temporada deportiva es el concurso en Primera División de un tercer club vasco, el Eibar. La nueva categoría exigirá también reforzar la seguridad en el estadio de Ipurua, que además no tiene perfectamente delimitada una zona para separar a los aficionados que puedan venir de fuera de la hinchada local. Aunque es una plaza más tranquila, la Er-tzaintza ha detectado ya algunas primeras peleas promovidas en las inmediaciones de Ipurua.

Los antidisturbios se preguntan qué ocurrirá si se solapan eventos deportivos. En Vitoria, este año ya han coincidido con frecuencia choques del Alavés y del Baskonia. En algunas actas se ha hecho constar que las mismas dotaciones estaban custodiando el campo de fútbol y el pabellón de baloncesto, cuando los separa una distancia considerable. "Obviamente no estábamos en los dos sitios", constantan los agentes que participan en esos operativos.

El temor principal es que se simultaneen encuentros internacionales, que de entrada exigen una mayor movilización de efectivos. Se puede dar el caso de que, si el calendario lo quiere, coincidan en una misma franja horaria el Athletic, la Real Sociedad y elBaskonia. "No pasa nunca nada. Pero, ¿y si pasa?", se preguntan en la Ertzaintza.

España libra la batalla contra los delitos de odio: 80 muertos desde 1992 Leer más: España libra la batalla contra los delitos de odio: 80 muertos desde 1992 - Noticias de España http://bit.ly/1qwRMLz

(1 de mayo 2013. En un barrio madrileño)
-Señora: ¡Circule, métase en su casa, qué hace cotilleando afuera. Sudamericana de mierda. Vienen aquí a quitarles los maridos a las mujeres españolas. Todas son unas putas!
- No le he hecho nada. No se meta conmigo.
El hombre, de casi 1,70 metros de estatura, se acercó, la agarró por los hombros, le lanzó un escupitajo en la cara y le aclaró su origen como preámbulo de la andanada que en pocos segundos llegaría.
-¡Yo soy español, sudamericana hija de puta!
Una patada en el muslo izquierdo primero, otra en el tórax después. Y otra, y otra y otra.
Los gritos de la mujer pidiendo ayuda sacaron al hombre de las profundidades de su barbarie. Echó a correr, dejándola tirada en la calle, a pocos metros del portal de su casa, con hematomas en la pierna izquierda, el pecho, la cabeza y la mano derecha, junto a la amiga que en vano intentó detener los golpes. Lo que debía ser una salida rutinaria a tirar la basura terminó convirtiéndose en la primera agresión, y única hasta hoy, sufrida en sus 13 años como inmigrante en Madrid.
María es el nombre que toma prestado esta ecuatoriana para contar los detalles del día en que cambió su vida. Desde aquel miércoles de 2013 no sale de su portal sin asegurarse, después de revisar la calle de un lado a otro, de que nadie la espera. Camina con prisa para alcanzar la entrada del metro y volverse a sentir protegida.
María fue víctima de xenofobia y ya es parte de las estadísticas oficiales que España comienza a recopilar y a publicar bajo la etiqueta delitos de odio, aquellos ataques motivados por la ideología, las creencias religiosas, la orientación sexual, la etnia o el color de piel. El pasado 24 de abril, el Ministerio del Interior anunció que durante 2013 los cuerpos policiales, excepto la Ertzaintza, habían detectado 1.172 casos, la mayoría cometidos contra las comunidades lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT ), un 38%, y los inmigrantes (32%).
Las estadísticas de las organizaciones no gubernamentales son más elevadas. Cerca de cuatro mil agresiones por año en toda España, según el más reciente Informe Raxen, publicado en 2012. Se trata del anuario estadístico elaborado desde 2009 por el Movimiento contra la Intolerancia.
En ese informe además se estiman en 80 las personas muertas desde 1992 por crímenes de odio y se denuncia la presencia de grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas; más de mil sitios, entre blogs, canales de Youtube y redes sociales, promotores de aversión, y la existencia de unos 10.000 ultras y neonazis en territorio español.
¿Hay más racismo con la crisis?
La inestabilidad económica puede llegar a percibirse como un ‘caldo de cultivo’ propicio para aumentar el rechazo hacia el foráneo. Sin embargo, el Ministerio del Interior plantea en su primer informe que no puede continuar relacionándose la crisis con el rechazo al inmigrante porque las estadísticas demuestran una realidad opuesta.
Manifestación de una plataforma ultraderechista. (Efe)Manifestación de una plataforma ultraderechista. (Efe)
En 2006, una encuesta de percepción del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arrojaba que casi el 60% de los españoles calificaba la inmigración como el problema más importante del país. Esa percepción se ha mantenido a la baja desde octubre de 2011 y en enero pasado no superaba el 5%.
De manera paralela, la situación económica ha ido empeorando: en octubre de 2006 las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban menos del 10% de la población activa sin empleo, mientras que para finales de 2013 el porcentaje de parados sobrepasaba el 25%. “Se comprueba que un aumento en la tasa de paro no (se) correlaciona con la sensación de que el principal problema para la sociedad es la inmigración”, se lee en el documento.
El Ministerio asegura que “España es una sociedad abierta, que se considera históricamente como ‘crisol de culturas’”, y sustenta su sentencia con el aumento, durante la última década, de la población extranjera. Del 7% en 2004, esta pasó a representar el 12% en 2013.
Un grito contra la intolerancia
Han pasado 14 meses desde aquella noche y María recuerda, tras hacer la reconstrucción detallada del ataque, que la policía y una ambulancia llegaron a socorrerla minutos después. Sigue en tratamiento sicológico y recibe atención permanente en su rodilla izquierda porque aún la tiene lesionada. El agresor fue encontrado por la policía y la denuncia de María siguió su curso en un juzgado madrileño. Al hombre sólo le multaron. Castigo ínfimo, dice ella, para quien le arrebató la tranquilidad.
Esteban Ibarra.Esteban Ibarra.
María es parte del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, colectivo que reúne a 1.200 personas y nació el 23 de abril de 2014, un día antes de que el Ministerio del Interior presentara por primera vez las estadísticas. La plataforma apoya los esfuerzos que diferentes organizaciones no gubernamentales vienen liderando desde los años 90 en toda España para promover el respeto por la diferencia y brindarles ayuda a quienes son la diana de nacionalistas o neonazis. Esteban Ibarra, uno de los impulsores del Consejo de Víctimas, es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, organización en pie de lucha a favor de los agredidos.
Esteban cuenta que esa ONG se consolidó después del asesinato, el 13 de noviembre de 1992, de la dominicana Lucrecia Pérez. “A Lucrecia la mataron por ser negra”, sentencia este defensor de los derechos humanos a quien su defensa continua lo ha convertido también en blanco del odio desbordado: desde un grupo en Facebook unas 60 personas pedían en 2010 su muerte.
El asesinato de Lucrecia es considerado, por entidades estatales y no gubernamentales, como el primer crimen racista de la España democrática. “Tuvieron que pasar 22 años para que contáramos con estadísticas oficiales. Eso es un gran paso. Nunca olvidaré el 24 de abril de 2014”. Para Esteban ese día es histórico porque por primera vez el Estado español no sólo detallaba las agresiones sufridas por los colectivos más vulnerables sino que además enfatizaba en la necesidad urgente de prevenirlas y erradicarlas.
Luis Carlos Perea, director de movilización de la Fundación RAIS, asegura que el informe “supone un paso importante a la hora de visibilizar la situación que sufren determinados colectivos”. RAIS es una entidad que trabaja para ayudar a las personas sin hogar, otro colectivo atacado con frecuencia.
El rechazo o la agresión contra el habitante de la calle se detalla en el informe del Ministerio del Interior como apodorofobia. “Una categoría que se empieza a escuchar, pero representa una exclusión muy antigua: se ve todos los días en las ciudades, cuando a una persona la echan de una tienda, de un bar o de una discoteca por su aspecto físico o por inferirse que pertenece a un grupo social inferior. También lo vemos cuando hay una boda o un evento importante: los ayuntamientos retiran a las personas que 'afean' la vista de la ciudad”.
Estadísticas oficiales poco fiables
La recolección y publicación periódica de los delitos del odio son un reto para la Unión Europea. En el informe Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victim’s rights, publicado por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA), se explica que en el 52% de los países miembros las estadísticas son limitadas porque es poca o casi nula la cultura de recopilación y publicación. En este grupo está España.
Miles de personas se manifiestan en Francia contra el racismo. (Efe)Miles de personas se manifiestan en Francia contra el racismo. (Efe)
Los datos son buenos en el 33% de los países (entre ellos, Francia, Alemania y Bélgica), pero sólo son fiables en un 15%, es decir, en Finlandia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido dado los años que acumulan recopilando estadísticas.
La FRA estima que entre el 75% y el 90% de los incidentes violentos sufridos por personas de grupos étnicos no son denunciados a la policía. Tampoco lo son los ataques padecidos por el 80% de los LGBT y el 75% de los judíos. “El que no se denuncie puede hacer parecer que haya pocos casos y hace más difícil acabar con este problema”, lamenta Esteban.
Encuestas realizadas por la FRA muestran que los ataques se presentan en toda Europa y de manera continua. El 33% de seis mil judíos entrevistados dijo haber sufrido algún acto violento recientemente. El 25% de 93.000 personas LGBT ha sido blanco de burlas o agresiones físicas en algún momento de su vida, mientras que de 23.500 miembros de grupos étnicos, el 18% ha sido rechazado alguna vez.
La Unión Europea promueve la igualdad y el respeto como parte de los principios contemplados en su Carta de los Derechos Fundamentales. En los artículos 1, 10, 21 y 47 de ese documento se “garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial”.
Muchas víctimas prefieren olvidar
Quienes han sufrido algún incidente racista o xenófobo, dice Esteban, prefieren en muchas ocasiones olvidar. Algunos no denuncian y si lo hacen desean que el juicio se celebre pronto para dejar ese episodio atrás y comenzar a recuperar la confianza en su entorno. Otras personas, como María, no sólo denuncian sino que se convierten en activistas para ayudar a solucionar el problema. “Que la gente denuncie, que no se queden callados, que nos ayuden a acabar con estos ataques”, es el mensaje que envía.
Para Esteban después de dos décadas de trabajo comienzan a verse los avances. Además del informe y de la creación del Consejo de Víctimas, España ha dado pasos agigantados, dice, con la creación de fiscalías especializadas contra los delitos de odio, siendo el fiscal Miguel Ángel Aguilar, en Barcelona, el primero en un cargo de ese tipo y el abanderado desde la Justicia en combatir la discriminación.
Otro paso valioso, continúa Esteban, es el proyecto de reforma del Código Penal, en el que se contempla un aumento punitivo contra quien incite al odio o discrimine.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. (Efe)El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. (Efe)
El Código Penal actual establece en su artículo 510 prisión de uno a tres años y una multa de seis a doce meses para los discriminadores. En la redacción del nuevo Código Penal, cuya aprobación sigue su curso en el Congreso de los Diputados, el artículo 510 establecerá castigos para dos tipos de conductas: hasta cuatro años de prisión para quienes promuevan la violencia, nieguen, trivialicen o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o cualquier ataque cometido contra alguien por discriminación. Y prisión de seis meses a dos años para aquellos que humillen o menosprecien al otro por su raza, ideología o creencias religiosas.
El nuevo Código también contempla prisión, de uno a cuatro años, para quienes enaltezcan o difundan mensajes de odio por cualquier medio de expresión pública. Esta medida busca acabar con la propaganda racista y el discurso de odio que pulula en la red, y alcanzó sus picos más elevados este año con el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León, y con la victoria del equipo Maccabi de Tel Aviv sobre el Real Madrid en la Final Four de Baloncesto.
Isabel Carrasco, en una imagen de archivo.Isabel Carrasco, en una imagen de archivo.
El Código Penal mantendrá entre los agravantes de la responsabilidad criminal, la actuación motivada por racismo, antisemitismo o cualquier indicio discriminatorio. Esteban asegura que para reforzar lo estipulado por el Código Penal, el Consejo de Víctimas busca a mediano plazo conseguir una ley integral que facilite la ayuda a las víctimas.
El camino por recorrer aún es largo, reconoce Esteban, pero la visibilización del problema y el rechazo cada vez más generalizado a los delitos de odio son ganancias.
Hay que seguir trabajando porque España no es un país racista ni intolerante. Lo que existe son las conductas racistas, xenófobas y de intolerancia de algunos ciudadanos. No se puede decir que aquí no pasa nada, pero es cierto que aquí no hay una proyección política como la hay en otras naciones europeas, como en Francia, por ejemplo (el ultraderechista Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen)”, asegura Esteba

jueves, 3 de julio de 2014

Declarciones del Director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Ue sobre ESPAÑA

Las devoluciones de inmigrantes [automáticas en la frontera] son una violación de los derechos humanos. Punto”, afirma tajante Morten Kjærum, director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Rápidamente vuelve a mostrarse prudente y precisa: “Me refiero a las devoluciones, entendidas como el retorno a su país de origen de una persona que será perseguida a su vuelta”. La conversación se desarrolla a mediados de junio en un hotel de Madrid, en el que este danés de 57 años se hospedó durante una visita de tres días a España. “Cada Estado tiene derecho a proteger sus fronteras y a decidir quién entra y quién no”, señala. Pero la protección internacional debe estar garantizada, insiste el primer y único director que ha tenido esta institución europea, que nació en 2007 con el objetivo de asesorar al resto de organismos de la UE y a los países miembros sobre los derechos fundamentales y obtener datos acerca de la situación de los mismos en la Unión.
No debiéramos cercarnos a nosotros mismos ni dejar a quien necesite asilo fuera
“Parte de la soberanía de los Estados consiste en proteger sus fronteras como consideren. Pero, como le dije al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, sería preciso abrir una pequeña puerta, una posibilidad para aquellos que verdaderamente necesitan protección. No debiéramos cercarnos a nosotros mismos ni dejar fuera a quien necesite asilo”, manifiesta Kjærum en relación a las vallas situadas en Ceuta y Melilla. En su opinión, Europa vive una crisis migratoria, pues existe una “urgencia por salvar vidas, como se ha visto en los países del Mediterráneo”. Se refiere a catástrofes como la de este lunes, cuando la Marina italiana ha localizado los cadáveres de cerca de 30 inmigrantes en el canal de Sicilia, o la ocurrida el pasado octubre en la isla italiana de Lampedusa, donde más de 300 inmigrantes se ahogaron cuando intentaban alcanzar la costa. De nuevo puntualiza. “La mayoría de quienes llegan a Italiaprocedentes de Siria, por ejemplo, están recibiendo protección”.
El director de la agencia de derechos fundamentales se desmarca de quienes quieren cerrar las puertas del continente. “Europa necesitará, ahora y en el futuro, migrantes. Sería una catástrofe si no vinieran. En cinco o 10 años la situación demográfica será preocupante [por el envejecimiento de la población] y necesitamos afrontarla de manera distinta a como hemos hecho hasta ahora. Es preciso lograr un consenso en la UE respecto a asuntos migratorios: qué entendemos por Europa y qué queremos en lo relativo a la inmigración”.
España es el primer país que Kjærum ha visitado después de haber presentado hace unas semanas elinforme anual de la agencia respecto a la situación de los derechos fundamentales en la UE. Aunque la situación es muy distinta en los 28 Estados miembros, indica, hay tres grandes áreas en las que han detectado deficiencias: migración, protección de datos y delitos de odio. También han constatado cómo la crisis económica y las medidas de austeridad han mermado la protección de estos derechos: hay menos recursos, por ejemplo, para atender la pobreza infantil, o a las mujeres que han sufrido malos tratos.
Kjærum normalmente viaja a cuatro o cinco países al año y es recibido por ministros. En esta ocasión, se ha reunido con los secretarios de Estado de Interior, de Empleo y de Sanidad, entre otras autoridades. Además de presentar los principales puntos del estudio, ha planteado la misma pregunta que hace siempre: “¿Qué creen que podemos hacer nosotros? Con sus sugerencias nos hacemos a la idea de aquello que es preciso abordar”, explica. La agencia es muy joven. A través de encuestas, durante estos siete años ha ido recabando información acerca de violencia de género, racismo, discriminación a homosexuales… “Es la primera vez que disponemos de determinados datos. En el futuro, cuando volvamos a repetir encuestas, podremos comparar y comprobar cuáles son las tendencias”, apunta. Han creado grupos de trabajo y ahora proponen desarrollar una estrategia europea de derechos fundamentales.
Uno de los puntos en los que urge actuar es la protección de datos. “Después de las revelaciones de Edward Snowden [sobre el espionaje masivo por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos] se ha abierto un debate”, expone Kjærum. “Lo que he planteado a los ministros [de Interior y de Justicia de la UE] es que hace 20 años había un cierto equilibrio entre las capacidades de los servicios de inteligencia y los mecanismos de supervisión, entendidos como el control democrático sobre la protección de datos. Ahora ese equilibrio se ha roto”.
Los delitos de odio han sido invisibles en Europa (...) La gran mayoría de las agresiones no llegan a denunciarse a la policía
Y pone un ejemplo muy gráfico. Un ministro europeo fue ingresado en el hospital y en solo unas horas 300 personas accedieron a su historial médico. “Todas, procedentes del sector sanitario. ¿Pero de verdad tenían interés legítimo para consultar ese documento? Después de varios estudios, nuestra conclusión es que las instituciones son débiles en este sentido. Es preciso dotarlas de medios y aumentar la concienciación social acerca del derecho a la privacidad”.
De los asuntos tratados durante la entrevista, lo que más parece preocupar a Kjærum son los delitos de odio, aquellos que se producen por motivo de raza, orientación sexual o religión, como el cometido en el metro de Barcelona este sábado, cuando un joven golpeó a otro con rasgos orientales. Estos delitos son “invisibles” en Europa. “El 25% del colectivo LGTB se ha enfrentado a agresiones físicas. El porcentaje se eleva a más del 30% en el caso de los transexuales. El antisemitismo sigue siendo un grave problema en Europa. La agencia ha preguntado a judíos de cinco países por su experiencia y los resultados son alarmantes: más de la mitad ha considerado seriamente la idea de abandonar su país por las condiciones de seguridad”, expone.
“Solo por ser quienes son, los integrantes de estas minorías se enfrentan a agresiones. Y la gran mayoría de ellas no llegan a denunciarse a la policía: por miedo, porque creen que no va a servir para nada o, peor aún, porque sienten que estos ataques son una condición de vida, inevitables”. Precisamente por esto, los datos que ofrecen los países acerca de denuncias no son comparables. En España se registraron más de 1.100 delitos de este tipo el año pasado. “En Reino Unido, 60.000. Y en otros diez países de la UE, ninguno. Depende del nivel de confianza en las autoridades y de los datos recabados por los agentes. Nosotros queremos que haya algunos indicadores que siempre se tengan en cuenta cuando se presenta una denuncia: motivo (raza, religión, orientación sexual), tipo de agresión…”
¿Está aumentando la xenofobia en Europa? ¿Influirá el auge de partidos radicales y de extrema derecha en las últimas elecciones europeas en las políticas nacionales? Kjærum reconoce que carece de datos para contestar a la primera pregunta y se muestra muy cauteloso con la segunda: “Depende del país. No tiene nada que ver el Frente Nacional francés con Aurora Dorada en Grecia, por ejemplo. Será necesario ver cómo se forma el Parlamento y la Comisión. En cualquier caso, la conclusión que saco de los comicios es que, si se logra involucrar a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil, Europa podrá avanzar