El joven alegó haber sufrido agresiones que «han sido bastante refinadas en el sentido de que no han dejado huellas» EFE / SEVILLA
Día 14/02/2012
El juzgado penal 13 de Sevilla ha impuesto el pago de 6.000 euros de multa a un okupa que se encadenó en un zulo para evitar el desalojo del edificio de Casas Viejas de Sevilla y que, en rueda de prensa, acusó a la Policía de torturarle.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el joven A.G.T.G. ha sido condenado por un delito de calumnias a 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, lo que equivale a 6.000 euros, y a indemnizar a los denunciantes, a la vez que lo absuelve de un delito de injurias.
El joven fue desalojado el 30 de noviembre de 2007 del edificio ocupado y el 1 de diciembre, en una rueda de prensa con asistencia de numerosos periodistas y cámaras de televisión, aseguró que la Policía le había torturado. El activista se refirió en varios momentos de su intervención a las "torturas" sufridas, que según dijo "han sido bastante refinadas en el sentido de que no han dejado huellas" aunque le habían producido "bastante dolor".
Se trató de "malos tratos psicológicos y físicos", entre ellos el hecho de que le ataron una cuerda a la cintura para sacarle y entre tres policías y bomberos tiraron de ella, y que le inmovilizaron una mano al tobillo con precinto, con lo que sufrió "un dolor intensísimo", según la transcripción de la rueda de prensa.
Desalojo cómo fue posible
La Fiscalía le acusó de un delito de calumnias con publicidad pues entendió que los agentes "se limitaron a hacer efectivo el desalojo del modo más proporcionado posible, dada la situación creada por los encadenados y las circunstancias concurrentes". Según la acusación, los encerrados "corrieron voluntariamente" un peligro al encadenarse en el zulo y la Policía actuó "por necesidades de servicio público derivado del posible derrumbe de tan precaria construcción, que fue real y cierto".
El activista condenado ha convocado para mañana una rueda de prensa para valorar la sentencia junto a su abogado, Luis de los Santos, y Maribel Mora, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y responsable de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A
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