Los convergentes proponen la creación de un delito específico de violencia urbana con la posibilidad de imponer la prisión provisional como medida cautelar y la modificación del derecho de reunión
La doctrina de Felip Puig, el conseller de Interior de la Generalitat catalana que forzó la creación en Catalunya de una nueva unidad especializada en detectar y perseguir a las personas que cometan actos vandálicos durante las celebraciones deportivas o las manifestaciones, llega ahora al Congreso de los Diputados. La Cámara baja debatirá el próximo miércoles una moción de CiU que, entre otras medidas, propone la creación del delito específico de violencia urbana, con la posibilidad de imponer la prisión provisional como medida cautelar, así como una nueva definición del delito de alteración del orden público y atentado.
La propuesta de CiU, fruto de una interpelación parlamentaria al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, coincide con el anuncio del Gobierno de un endurecimiento del Código Penal antes de fin de año para atajar "la espiral de violencia" que protagonizan colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana". Con esta modificación, anunciada el pasado abril, el Ejecutivo persigue el endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con la legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de kale borroka en el País Vasco o pretende que la resistencia pasiva sea considerada resistencia a la autoridad. Otra de las medidas anunciadas en la reforma es que sea considerado "delito de integración en organización criminal" difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren gravemente el orden público".
En el texto, los convergentes solicitan también una nueva regulación de las circunstancias agravantes en este tipo de delitos, como el uso de explosivos o líquidos inflamables, el lanzamiento de objetos contundentes o el porte de objetos peligrosos. Asimismo pide unatipificación específica de la difusión de cualquier tipo de información que tenga por objeto organizar o promover la participación de actos de alteración del orden público, siempre que sean constitutivos de delito.
De forma paralela, propone una actualización del catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlos a las nuevas conductas, como la ocultación del rostro, la resistencia pasiva, la desobediencia a la autoridad o el bloqueo de la vía pública.
Para CiU, también se hace necesaria una modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión con la finalidad de "armonizar" el legítimo ejercicio de este derecho constitucional con una "más eficaz protección" de la seguridad ciudadana y del orden público. Más allá de la violencia urbana, el grupo parlamentario catalán coincide en la propuesta del Gobierno de un cambio legislativo para combatir la multirreincidencia en los pequeños delitos y las nuevas formas de criminalidad.
Apuesta por endurecer las penas para los ladrones de cable de cobre, de forma que se tenga en cuenta no solo el valor de la mercancía sustraída, sino el "perjuicio social" causado en los servicios e infraestructuras afectados. También pide que se contemplen específicamente los delitos en establecimientos abiertos al público como joyerías, comercios o almacenes y excluir el tipo atenuado de hurto cuando se trate de delincuencia profesional.
Los butrones, túneles o los alunizajes serán delitos agravados según la propuesta de CiU, que solicita asimismo que se castigue con más dureza el porte de armas o la actuación en grupo. En la interpelación de CiU celebrada el pasado 27 de junio en el Congreso, Jorge Fernández Díaz apostó por erradicar la "sensación" de que la reincidencia en los delitos menores tiene un "coste cero" para los delincuentes.
"No podemos permitir que unos pocos hagan del delito su modus vivendi", alertó el ministro del Interior, que también consideró imprescindible una nueva respuesta penal contra quienes "quieren apropiarse de las calles" y contra los "fanáticos violentos" que "ultrajan" los derechos de reunión y manifestación.
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